¿Qué vendrá después de Ayotzinapa?

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¿Qué vendrá después de Ayotzinapa?

 

Se cumplió un poco más de un año del crimen de Ayotzinapa. Hemos presenciado la confrontación mediática entre diferentes sectores de la población, unos a favor de la versión del gobierno, que concluye que fueron crímenes de grupos del narcotrafico, ligados a policías municipales; y otros, que señalan a todas las autoridades estatales y federales como responsables del delito de desaparición forzada, en otras palabras, de un crimen de Estado.

La pugna no es menor, porque se da en medio de la crisis del gobierno mexicano por la caída de los precios del petróleo, la inoperancia de las reformas estructurales y la derrota moral a causa de la putrefacción del sistema judicial. La ilegitimidad es evidente, porque no hay acción del gobierno mexicano que no sea polémica en la opinión pública, por encarcelar gente inocente o su falta de pericia en el manejo de las instituciones de justicia.

A pesar de que que el gobierno mexicano ha ofrecido a los supuestos culpables y ha procesado a mucha gente por lo ocurrido en Iguala, no hay la sensación de justicia, por esa razón, la frase que ha servido de resistencia a la versión oficial ha sido “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, que sintetiza la insatisfacción de la población por los miles de desaparecidos en México y la irritación que provoca saber que se usan los recursos de investigación e inteligencia de manera selectiva.

Pero pensemos en un escenario, ¿qué pasaría si el gobierno mexicano encontrara a los culpables del crimen, los materiales y los intelectuales, que se dieran a conocer las causas, que el aparato de justicia procediera a su aplicación sin matices y que condenara a los que en verdad perpetraron la desaparición y los asesinatos? ¿Qué ocurriría si el gobierno demostrará que tienen la voluntad de manejarse con la verdad y sin darle un uso político permita que sean implicados mandos menores, medios y superiores? ¿Qué pasaría?

Es deseable pensar que las cosas cambiarían en México, porque esto sentaría un precedente sin parangón en la Historia de nuestro país, pues veríamos a la justicia funcionar como debería y el escepticismo común daría paso a la esperanza.

No obstante, creo que no pasará y si llegase a suceder de todas formas México no cambiaría ni un centímetro. La pregunta es ¿Por qué?

Las estructuras de poder están anquilosadas y otros ejemplos nos han demostrado que el “cambio” es solo aparente, nunca de fondo. Lo vivimos con la presidencia de Fox; lo estamos atestiguando con la descomposición de las instituciones políticas que garantizan la “democracia”; lo sabemos después del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. Nada ha cambiado.

Ilan Semo, Juan Villoro y Javier Sicilia han escrito sobre este gatopardismo que se adorna de “modernidad” y “democracia, que en los hechos cancela la vida humana, destruye la diferencia y se convierte en una nueva forma de control “totalitario”.

Este nuevo “totalitarismo” agota las estructuras de unidad y las hace un instrumento de justificación de la violencia; comienza con la criminalización de la protesta y termina en la “supuesta” guerra contra el narcotrafico. Cualquier crimen es reducido a una explicación: su relación con el crimen organizado. Ni siquiera hay la conciencia de autocrítica o la presentación consistente y congruente de una investigación exhaustiva. La respuesta automática es que el crimen organizado está implicado. ¿Cuál es la razón para emplear al narcotrafico como causa principal de los crímenes?

El giro es repugnante: la “víctima” es responsable del crimen y el asesino es justificado por efecto de su oficio, todo con el fin de no reconocer crímenes de Estado. El Estado se escuda en el discurso de la delincuencia organizada para reprimir, asesinar y evitar cualquier tipo de crítica. Es así que no acepta responsabilidad de las fuerzas federales, estatales, municipales y el ejército, en los asesinatos impunes y en las desapariciones. La lógica es “si había algún vínculo con él narcotrafico o el crimen organizado, el asesinato y la desaparición se justifica”.

Esa es la dinámica que se ha denunciado en esta forma de “totalitarismo”: sin razón de Estado, la fuerza se dirige a un grupo disidente y el simple hecho de denunciar hace que la persona sea un objetivo.

Es Ayotzinapa, pero también es Marisela Escobedo, Apatzingán, Tlatlaya, el caso del periodista Rubén Espinosa y la lista sigue creciendo.

La descomposición del Estado mexicano refleja una prioridad, que desde mi punto de vista es la refundación del país. Lo que hemos construido se ha desgajado parte por parte. El Estado es incapaz de ofrecer justicia, de soportar la crítica, de permitir las condiciones sociales mínimas para la convivencia, la inversión o el crecimiento, para garantizar la libertad de expresión. Los vicios profundos y el fracaso de las instituciones hacen inevitable que el país comience de nuevo.

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